Corrupción y hambre

"Corrupción y hambre" resulta de vital importancia porque viene a llenar un vacío existente desde que el tratamiento jurídico-penal de la corrupción pasó a los primeros lugares de la agenda latinoamericana. Esto no solo por la inevitable asimetría de poder entre los perpetradores y las víctimas, sino porque a esa inequidad de origen se sumó la invisibilización de estas últimas.
En efecto, amparándose en argumentos de dogmática penal, los Estados decidieron apropiarse del conflicto de la víctima de corrupción alegando que, como lo que se afecta en estos delitos es el bien jurídico "administración pública", solo le corresponde en exclusividad la condición de víctima al titular de ese bien jurídico, que es el Estado. A partir de esta conclusión se deriva otra de severas consecuencias para quienes sufren en carne y hueso (como personas físicas que son) los daños que la corrupción acarrea: no pueden participar del proceso penal como parte procesal porque esa posición le corresponde únicamente al representante de los intereses del Estado; es decir, al procurador o abogado del Estado. Se invierte la lógica priorizando a "la administración" frente a la persona humana, cuya defensa es el fin supremo de la sociedad y el Estado.